El legislador radical Agustín Romano Norri advirtió sobre los “riesgos ocultos” que puede contener la decisión del Gobierno provincial para eximir, vía DNU, a los proveedores de bienes y servicios del Estado de presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal como condición para la firma de contratos.
“Nadie puede estar en desacuerdo con la idea de reducir la burocracia. Sabemos que el Estado tucumano es una maquinaria lenta, pesada y obsoleta que asfixia a quien quiere trabajar. Cualquier intención de acortar los tiempos de contratación es, en teoría, música para nuestros oídos”, señaló el legislador. Sin embargo, aclaró que “no debemos confundirnos ni dejarnos encandilar por anuncios grandilocuentes”.
“El Certificado de Cumplimiento Fiscal no es un libre deuda integral; es apenas una ‘foto rápida’ que acredita obligaciones formales y materiales de una Declaración Jurada. Al eliminar incluso este control mínimo, no estamos solucionando la ineficiencia estructural, estamos simplemente apagando la luz para que no se vea quién entra”, indicó. E instó a “tener mucho cuidado con los ‘trajes a medida’”.
“Al barrer con los requisitos fiscales básicos, corremos el riesgo de abrirle la puerta del Estado a evasores, a empresas que operan en la informalidad o a los amigos del poder que no tienen sus papeles en regla”, dijo.